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Pregunta:
El Fondo Monetario Internacional ha cuestionado en algunos aspectos
la independencia del organismo supervisor de los seguros en España,
es decir, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP), comparándola con el resto de los países de Europa que,
excepto en Grecia, están en manos de agencias independientes. ¿El
sector asegurador no tendría un control más efectivo si fuera un
organismo como el Banco de España, la CNMV o uno integrado por los
tres, incluida la DGSFP?
Respuesta:
Efectivamente, el FMI ha puesto de manifiesto que el estándar de
independencia no es el más adecuado en función del panorama
internacional, y de los propios estándares de la
IAIS (International
Association of Insurance Supervisors).
Lo que no ha puesto en duda es el mecanismo y los procedimientos de
inspección y ha hecho una valoración muy elevada para decir que,
aunque no se cumpla formalmente la cuestión de independencia, el
trabajo está siendo efectivo. Así que, el FMI no ha cuestionado en
absoluto que el control que se está realizando desde la DGSFP no sea
efectivo o adecuado, y no que cuente con los procedimientos
correctos. Lo que es imposible ahora es comparar ante alternativas
que nos están dando, cuales serían más efectivas.
P:
Por lo tanto, viendo la salud del Seguro en España, ¿está satisfecho
con la labor de control de la DGSFP?
R:
Creo que afortunadamente cada vez se cuenta con mejor metodología,
con experiencia,... el propio sector se ha consolidado en los
últimos años de manera bastante evidente. La tendencia de
sostenibilidad, de crecimiento en beneficios, de mejora en la
gestión, toda la normativa que se está poniendo ahora en marcha,
temas de autorregulación que ya están empezando a cuajar, son todas
las ideas que favorecen evidentemente que los temas de control y
supervisión sean más eficaces.
P: A los
planes de pensiones en España se les ha dado un carácter
complementario de la Previsión Social. ¿No sería más lógico que las
comisiones que cobran las gestoras de los fondos de pensiones fuera
una comisión de eficacia, es decir cobrar exclusivamente por los
beneficios obtenidos por el fondo gestionado y no por la totalidad,
incluida la aportación?
R:
Sí, pero esta idea se podría aplicar a muchos más elementos, no sólo
a los planes de pensiones sino a todos aquellos que gestionan
recursos ajenos. Parece que es muy coherente, muy de exigencia a las
gestoras, pero posiblemente una fórmula intermedia sería mejor;
puesto que, hay aspectos que no están relacionados exclusivamente
con la gestión y, no olvidemos, que también tienen que soportar
económicamente la estructura creada para canalizar recursos ajenos.
P:
Dado que ustedes son el organismo de control de los planes de
pensiones, ¿no sería interesante que pasaran una instrucción o al
menos una recomendación en el sentido de aplicar esa fórmula
intermedia?
R.
Tenemos una normativa, una ley y un reglamento que establece cual es
el marco de retribución de las gestoras. Por otra parte hay que
recordar que no en todos los países existen y que en el nuestro hay
instrucciones precisas en ese sentido. Lo que, en su caso, se debe
plantear es una nueva normativa para el ámbito de las comisiones.
Pero, hay que recordar que en todo el sector asegurador y de
pensiones se establecen unos limites de cobro de comisiones, de
gastos de gestión, de administración o de depósito de las
inversiones de la gestora.
P:
¿Fiscalmente cree que los fondos de pensiones están tratados con
equidad frente a otros productos de ahorro. No deberían cotizar por
las plusvalías obtenidas en el momento de su rescate al tipo medio
del contribuyente y con un coeficiente reductor en función de los
años que lleva activo el plan para favorecer las rentas más bajas;
tanto si este rescate se hace en forma de capital como en forma de
renta?
R:
La nueva ley sobre el IRPF ha contado con muchas líneas de debate y,
evidentemente, se ha puesto sobre la mesa de nuevo cual es la mejor
fiscalidad para favorecer el ahorro. El resultado ha sido en
términos generales equitativo, razonable, y desde luego impulsor de
una previsión social complementaria más finalista. Hay que tener en
cuenta que, posiblemente, muchos instrumentos de previsión social se
habían utilizado por motivos exclusivamente fiscales, cuando entre
todos deberíamos contribuir a que la previsión social
complementaria; intrínsecamente considerada al margen de
beneficios fiscales, tenga un hueco en lo más amplio de la sociedad
española. Por lo tanto, si esa provisión social finalista se va
consolidando cada vez más, tendrá lógicamente un entorno fiscal que
la podrá favorecer.
P:
La Comisión Europea está muy preocupada por el futuro de las
pensiones y su financiación. ¿En España puede ser un problema? Pero
si, también, es uno de los pilares del estado del bienestar, ¿cuál
es la razón para que en el futuro ese probable déficit con respecto
a las cotizaciones, no pueda ir a cargo de los Presupuestos
Generales como el capítulo de Defensa o Educación?
R:
Me parece que esta pregunta es bastante genérica en el sentido de
que debería recoger aspectos multiculturales, de historia, de
percepción de los ciudadanos. Entonces, son muchos aspectos que
habría que poner para contestar con detalle esta pregunta. Nuestra
intención es favorecer el desarrollo de la previsión social e
impulsar la complementaria. Pero nosotros solos no podemos acometer
esa tarea sin el apoyo y la convicción de todos los implicados en su
desarrollo, tenemos que favorecer que haya complementariedad del
sistema publico de pensiones. Estamos trabajando con interlocutores
sociales, empresarios, trabajadores, ciudadanos, consumidores
gestoras, etcétera. Todos tenemos que ir en la misma línea y quedan
aún muchas cosas por desarrollar y mejorar la previsión social. La
ley sobre el IRPF pone encima de la mesa más productos y va a
posibilitar la movilización entre productos de misma fiscalidad,
pero tenemos que hablar con las industrias para ver si son
conscientes de facilitar este proceso de movilización.
P:
Con la reforma del IRFP las aseguradoras piensan que se desincentiva
el ahorro a largo plazo y con ello el seguro de vida, al quitar las
deducciones fiscales actuales. ¿Cuál es su opinión al respecto?.
R:
El tratamiento del ahorro a largo plazo a medio y a corto es igual
para todos los productos, no hay digamos un desincentivo de las
entidades aseguradoras o como mínimo hay una identidad en el
tratamiento. La cuestión del plazo puede ser discutible en el
sentido de ver cual es ese largo plazo, cual es el medio y cual es
el corto; pero lo que sí es cierto es que la reforma del IRPF
apuesta por la previsión social complementaria poniendo productos
con régimen de tributación diferida con productos mucho más
numerosos que los que había hasta ahora y, además, están los planes
individuales de ahorro sistemático donde se ha puesto un plazo,
digamos, de proceso de acumulación y luego la posterior exención de
los beneficios en caso optar por cobrar en forma de renta
vitalicia. Es un incentivo clarísimo en el caso de optar por largo
plazo y están todas las rebajas que se han producido en las rentas
vitalicias y rentas temporales con componente actuarial. Los planes
de pensiones empresariales son también largo plazo y la movilidad en
régimen fiscal entre productos para favorecer la competencia también
es ahorro a largo plazo, aunque, como todo, desde la óptica del
sector puede ser discutible. .
P:
Respecto al plazo para la exteriorización de los premios de
jubilación, ¿podemos estar convencidos de que es el último o hay
previsión de otra ampliación del mismo?
R:
No, el presidente del Gobierno ha firmado ya la orden ministerial de
tasas de rotación la semana pasada y esta pendiente a fecha de hoy
de publicarse en el B.O.E.. Las tasas como tal no han sufrido
modificaciones desde que la orden paso por la Junta Consultiva y
varios funcionarios de esta casa se han desplazado a distintas
instituciones para explicar e impulsar este proceso. De momento no
hay ninguna previsión de que se produzca ninguna ampliación.
P:
¿Qué piensa de los procesos de fusión y absorción dentro del sector
y por qué son más interesantes nuestras aseguradoras para los
inversores europeos y no tanto para los norteamericanos y de otras
nacionalidades?
R.
Nosotros lo que tenemos que pensar y trabajar es que en esos
procesos cuando se produzcan, cuando lo decidan los accionistas de
las compañías o los órganos rectores de las entidades es que lo
hagan con las garantías con todos los derechos, especialmente de los
asegurados, beneficiarios, etcétera. Es decir, que se realicen
desde una óptica legal.
Y sobre que las
concentraciones se realicen más en el ámbito de entorno europeo es
posiblemente por identidad de productos y por una historia bastante
común en los mercados en las ultimas décadas del sector asegurador
europeo como la propia normativa de solvencia, el conocimiento de
las metodologías y los productos, y la semejanza de los propios
mercados. En definitiva, todo esto favorece la integración y fusión
P:
Y al hilo de la anterior pregunta. ¿No desvirtuará el concepto de
libre mercado y, por consiguiente, la competencia; dañando los
intereses de los consumidores y asegurados estas grandes
concentraciones de empresas?
R:
Nosotros en este terreno siempre hemos apostado por un mensaje claro
de innovación y de que el sector asegurador tenga una mayor
capacidad de implicarse buscando soluciones a la demanda del
mercado. No pienso que en este momento se estén produciendo
concentraciones en determinados ramos para limitar la oferta de
productos, y como mensaje e iniciativa a apostar, seria deseable
que el propio sector contribuyera a la innovación actuarial y
financiera para posibilitar productos mas adecuados a las
necesidades de los ciudadanos. Lo que no veo es que se están
produciendo muchas concentraciones. Se están produciendo pero no en
una situación, por lo menos en España, comparable con otros lugares
donde hay un menor numero de operadores, pero contrapartida se
esta produciendo una mayor ampliación de la oferta de productos.
P:
¿Qué medidas está tomando la DGSFP para adecuar la redacción de las
pólizas de seguro y sobre todo su concreción para que puedan ser
perfectamente comprendidas por la mayoría de los consumidores o
usuarios?
R.
Siempre hay elementos en cualquier actividad empresarial en este
caso en la actividad aseguradora que pueden ser más o menos
conocidos por el profano en esa materia. Nosotros lo que tenemos que
buscar es un marco razonable para que ese tipo de dudas se minimicen
lo más posible. Lo principal es el proceso de reforma que estamos
abanderando de actualización de la ley de Contrato de Seguros, un
grupo de trabajo lleva todo este año estudiando cual es la mejor
manera poner al día de esta normativa. Aparte de eso, en los últimos
meses hemos dado información publica, informes del sector, varios
documentos que hemos colgado en la página web para favorecer
el conocimiento de los términos del mundo asegurador, y estamos
pensando en incorporar a esa página, alguna figura parecida a lo que
pueda ser el asesor del participe, para que pueda saber cuáles son
los pasos que un inversor en el caso de un producto de vida, o un
participe en un plan de pensiones o un tomador o un asegurado en un
seguro de vida o de no vida, debe seguir y cuáles son los temas
sobre los que hay que plantear dudas antes de firmar un contrato.
P:
¿Qué opinión tiene sobre la utilización de la información genética o
determinados usos considerados insalubres como el fumar, por las
compañías de seguros para determinar los riesgos y establecer las
primas de los asegurados?
R:
Es como todo, el mayor conocimiento del riesgo en su más amplia
extensión, conduce a establecer un precio de la prima mucho más
ajustado. Lo que hace falta es no utilizar determinada información
sólo para restringir la oferta de producto. Estamos muy
acostumbrados en algunos ramos a utilizar pocos elementos para
decidir el precio del riesgo y en otros casos aspectos comerciales
priman sobre aspectos técnicos. Lo que tenemos que ponernos de
acuerdo si cuando la información genética se demanda para un
producto, es necesaria. Hay que darle una coherencia a toda la
identificación y a la valoración de los riesgos. Vamos a trabajar
entre todos para mejorar los aspectos estadísticos actuariales y de
fijación de los elementos que hay que reflejar en la prima.
Debemos ser capaces de ponernos limites en nuestra actuación
comercial, pongamos encima de la mesa los aspectos técnicos y
cuantos más elementos definidores del riesgo podamos tener, más
equitativas serán las primas y más seguro será el sistema.
P:
¿Cree que la Ley de Mediación va a traer más transparencia al
seguro?.
R:
Estoy convencido de ello. La propia existencia de un registro
público de fácil acceso a todos los ciudadanos, de los mediadores
tiene que contribuir a una mayor transparencia, aunque aquí la
transparencia no es sólo contar con la información de acceso al
ciudadano sino un modo de operar y se constata que hay elementos hay
elementos que avanzan en esa línea: retribuciones, mejora de los
niveles de asesoramiento, concreción de lo que es un análisis
objetivo, incompatibilidades de lo que hasta ahora estaba en el
mercado, un mayor compromiso en la mejora de la gestión por parte de
las entidades aseguradoras de sus líneas de canales de mediación,
etcétera.
P:
¿Por qué en el negocio de la distribución de seguros existe tanta
resistencia por parte de los corredores y agentes a decirle a sus
clientes lo que tienen que pagar por los servicios que reciben?
¿Esto no daña la imagen del sector?
R:
Bueno, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a ello, pero
llama la atención una profesión que no es capaz de decirle a sus
clientes cuanto se cobra; eso evidentemente es un en quienes
pretenden abanderar un desarrollo de su actividad en un entorno de
profesionalidad y de mayor implicación en la sociedad. Yo, de todas
formas, quisiera señalar lo que es un agente, que es una
prolongación de una compañía, de los corredores que son los que
deben defender a los clientes, a los consumidores frente al sector
asegurador y además les tienen que dar el mejor asesoramiento
buscando los intereses de su cliente y no de la compañía Por tanto,
un asesor en riesgos de seguros que no le diga a su cliente, al
consumidor o ciudadano lo que le cobra por esa actuación está
contribuyendo al desconocimiento y al régimen de opacidad de la
propia profesión.
P:
Con relación a la V Directiva de Automóviles, ¿cómo quedarán los
límites de cobertura de la responsabilidad civil del Seguro
Obligatorio, se irá a una responsabilidad limitada? ¿Cómo analiza la
reciente guerra de precios de los seguros de automóviles?
R:
La posición inicial de esta casa es seguir con el sistema del limite
del seguro obligatorio por victima porque es nuestro sistema
tradicional y esos sí, se elevan los limites de daños personales de
350000 euros a 1 millón de euros. Nosotros estamos explorando otras
alternativas en la medida que podamos tener un nivel de cobertura
más amplio y un compromiso por parte de las entidades mucho más
amplio, siempre sin perder aspectos garantistas en defensa de las
victimas y también de los asegurados. No obstante, hay de tener en
cuenta que los temas de responsabilidad civil corresponden no solo
al Ministerio de Economía también al Ministerio de Justicia, con lo
cual hay que tener un grado de consenso mucho mayor. Ahora mismo es
imposible señalar cual va a ser el resultado final.
Respecto a la
reciente guerra de precios a mí me gustaría hablar más de
competencia en los seguros de automóviles. Yo creo que hay elementos
que los separan de las crisis de finales de los 90. Afortunadamente
se cuenta con metodología, muchos de los gestores ya vieron que es
lo que paso en los años 90 y nuestra obligación es evidentemente
comprobar y analizar la situación de las compañías cuando se
producen situaciones de peligro empresarial. Veremos lo que va
pasando, pero hay cierta idea de que hay ciclos o momentos en que
los precios pueden estar mas ajustados. Pero no olvidemos que la
competencia o la mayor incorporación de compañías de operadores a
productos también beneficia a los ciudadanos en la faceta de
precios, aunque desde mi opinión sería interesante introducir
también mejoras en el ámbito de prestaciones.
P:
Hay un punto de inflexión que es el carné por puntos, ¿ no le
parece?
R:
El carné por puntos o la reducción de la siniestralidad que ya se
estaba produciendo. El carné por puntos por supuesto contribuye a
mejorar la seguridad vial y evidentemente tiene una repercusión en
nuestras carreteras y en nuestras calles. Hay que ver cual es la
evolución de su aplicación pero desde luego va en línea con la
reducción de la siniestralidad y, por tanto, tiene una traducción
también en las políticas tarifarías o en el nivel de prestaciones
de las pólizas de automóviles.
P:
La previsión social complementaria (PSC) de las PYMES es la
asignatura pendiente del sistema complementario de pensiones. ¿Cómo
cree que se podría impulsar la PSC en este sector?
R:
Nosotros lo que podemos hacer es establecer un marco más flexible.
Solo hay dos ejemplos, unos seguros colectivos con régimen de
diferimiento que hasta ahora no los había y los planes de previsión
empresarial pues como fórmula para posibilitar el ámbito de la
negociación colectiva en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.
Seguros colectivos para los trabajadores, para las coberturas de
jubilación, invalidez y fallecimiento y en su caso pues de
dependencia, esa es nuestra obligación, el facilitar el desarrollo
técnico, el marco actuarial financiero de los productos. Los premios
de jubilación cerrarlos ya. Con la publicación de las tasas de
rotación contribuirá a poner una primera piedra en relación con
estos premios; aunque, es una pequeña piedra y lo importantes es
animar a los interlocutores sociales que son los que al fin y al
cabo tienen que ponerse de acuerdo en impulsar estas medidas.
Nosotros cualquier iniciativa de flexibilización del marco normativo
evidentemente la abordaríamos.
P:
La reciente Ley de Atención a las Personas Dependientes no
especifica cómo va a ser su financiación futura. ¿Qué sistema de
recaudación estima Vd. que sería el más efectivo y quiénes deberían
de gestionar esos fondos? ¿Existirán incentivos reales para que las
personas inviertan en dependencias?.
R:
Voy a derivar su pregunta hacia la parte que más nos incumbe que es
la parte del desarrollo privado. La ley del IRPF ya recoge
incentivos para la dependencia. Hay que tener en cuenta que la
dependencia como fórmula, como elemento, se produce en un
determinado momento y tiene unas cuestiones especificas que no se
producen en otro tipo de contingencia. Cuando uno se jubila se
jubila y cuando uno se invalida se invalida; en el caso de
dependencia puede evolucionar y por lo tanto hay que ver un poco que
tipo de dependencia hay que incentivar. En cualquier caso este
tratamiento fiscal, con el desarrollo de las opciones para que las
compañías de vida y enfermedad y los planes de pensiones puedan
tener sus coberturas de dependencia, será desde luego el primer
elemento para definir un marco. Habrá que ir viendo cual es la
evolución de los aspectos relacionados con la dependencia en el
ámbito de seguros y pensiones, pero nos quedan muchos años por
delante para ir consolidando esa línea de trabajo
P:
En los mercados anglosajones se permiten a las aseguradoras que en
el ramo de Vida asuman riesgos por debajo de su coste
técnico-financiero, siempre que cubran con recursos propios el
desfase que se produce en las reservas. ¿Las compañías aseguradoras
están suficientemente maduras y son solventes financieramente en
España, para competir por el precio del riesgo o por el contrario
prefieren someterse a una regulación técnica severa que limita la
competencia a los gastos de gestión?
R:
Yo tengo alguna duda de que la normativa comunitaria lo permita al
cien por cien en todos los casos. Pero en la propia normativa
española si que hay una posibilidad de utilizar un tipo de interés
técnico superior, por lo tanto una prima inferior siempre que las
provisiones técnicas estén bien calculadas y siempre que esta forma
de actuar no sea sistemática. Es sabido que los recursos propios
están para cubrir ese tipo de desfases pero no en todo momento,
porque es garantizar una política contraria a la salud financiera.
Quizás pueda haber cierta aplicación de esa idea que por supuesto es
de directivas comunitarias, y la preocupación de las propias
directivas está por el calculo adecuado y correcto de las
provisiones técnicas y digamos liberalizar de alguna forma el
elemento precio, evidentemente saber donde esta la frontera y el
punto de equilibrio. En España, como pasa en todos los mercados la
situación de solvencia no es idéntica en todas las compañías y por
tanto la situación en las políticas de calculo de provisiones no
son exactamente idénticas en todas las compañías. Yo creo que el
marco de actuación es suficientemente claro, la solvencia y la
solvencia dinámica son elementos absolutamente esenciales y las
políticas tarifarías están condicionados a los aspectos técnicos,
de valoración del riesgo. Volvemos otra vez un poco a una pregunta
anterior donde hemos hablado de los elementos definitorios de riesgo
que evidentemente son los principales en formación estadística,
actuarial etcétera como elementos definitorios del riesgo. Se está
viendo que un mayor contraste de las provisiones técnicas y, por
tanto, de las políticas de contabilización y dotación con mayor
recurrencia; facilitan que haya una mayor actualización de las
políticas tarifarías y una mayor inmediatez en la toma de
decisiones. Pero la situación de mejora en los ratios de solvencia,
de estabilidad, de sostenibilidad en cuanto a beneficios en los
últimos años del sector asegurador, aunque lógicamente las
circunstancias son distintas para cada compañía, hacen pensar que si
las provisiones técnicas están bien dotadas, la solidez financiera
esta bien dotada. Posiblemente un precio puede tener un componente
más comercial pero siempre tendente a una mejora en el nivel de
prestaciones. Tanta insistencia en el precio solo como elemento es
contrario a la mejora de nivel de prestaciones que también puede
ser una buena demanda para la cobertura, por lo menos una demanda
de la sociedad.
P:
El Instituto de Actuarios lleva tiempo tramitando un cambio de su
régimen jurídico, para dar entrada a los Colegios Autonómicos.
¿Puede decirnos cuál es la postura del Ministerio de Economía?.
R:
Nuestra posición está bastante clara, hay que intentar de una vez
por todas que el soporte formal que tiene el Instituto de Actuarios
se cree al amparo de una normativa moderna y dejar de estar
enganchado a una norma de hace mucho tiempo. Esa línea es la que
mantenemos y es una garantía de futuro. Eso obliga a hacer una
labor de convencimiento y de impulso desde la propia profesión hacia
determinados partidos políticos y hacia la propia Administración,
aunque en términos generales el Ministerio de Economía y
concretamente la Dirección General de Seguros han mantenido diversas
reuniones con distintas Juntas que han habido en estos últimos dos
años y medio. Y nuestra posición para garantizar que no haya ningún
problema de corte jurídico lo mejor es elaborar una iniciativa con
rango legal para dar cabida a una actualización del aspecto formal
del Instituto y luego las distintas iniciativas que tanto en
Cataluña como en el País Vasco están cuajando, que debe estar
impulsada desde el Instituto con el deseable consenso y el acuerdo
de las otras instituciones que representan intereses de los
actuarios.
P:
Entonces podemos afirmar que la Dirección General de Seguros es
favorable a la creación de un colegio profesional.
R:
Entendemos que las funciones de los actuarios exigen evidentemente
unas estructuras. Yo no me puedo pronunciar sobre si soy favorable o
no a una determinada institución representativa, pero me parece que
es importante que las funciones de los actuarios que están por otra
parte recogidas en rango de ley como por ejemplo en el ámbito de los
fondos de pensiones, tenga el esquema de representación que
corresponda. Pero hay que dejar de estar sujeto a una normativa de
hace muchísimo tiempo y hay que impulsar un cambio definitivo. Hay
que hacer una labor de convencimiento, de iniciativa en el ámbito
parlamentario, buscar cierto apoyo y tener muy claro que esta es la
línea de trabajo mejor para garantizar un salto cualitativo y una
garantía de futuro. |
