SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA ¿Y dónde está ahora la conocida como Ley de Dependencia? Si he de responder sinceramente, la verdad es que no lo sé. Pese a que fue –y supongo que sigue siendo aun- uno de los proyectos estrella del programa electoral socialista, su luz se pierde poco a poco por los intrincados caminos de la tramitación política, por su futura y lenta entrada en vigor y por los permanente titulares sobre estatutos, procesos y recalificaciones que copan desde hace meses la atención de los medios. Y resulta por lo menos chocante que una ley que nos afecta o nos afectará en algún momento a prácticamente todos los ciudadanos, despierte sólo la polémica de los colectivos más directamente protagonistas –asociaciones y ancianos- frente a un elegante y discreto interés de los medios de comunicación que se limitan a informar ocasionalmente -y con cierta falta de rigor- sobre el futuro de un complejo entramado de artículos que siendo absolutamente necesario como tal, deja mucho campo abierto como para poder definirse claramente sobre el mismo.

Reconocer como un derecho la ayuda a los dependientes en un llamado «estado del bienestar», era justo y necesario. Nada que objetar pues contra  la Ley en ese sentido. Pero si mi información no me falla, la historia comienza cuando se recibe en el IMSERSO la petición de un «libro blanco» sobre los posibles afectados que serían los beneficiados por esta Ley. Las cifras entonces se disparan y a la muy amplia población de mayores, se suman los discapacitados físicos, los psíquicos y los sensoriales que, con los enfermos mentales, elevan la cifra de posibles afectados por la Ley un número muy superior al previsto. Y empiezan los problemas no tanto de voluntad política, que no la pongo en duda, como de posibilidad económica.

Imagino al titular de Trabajo –directamente responsable del asunto- poniendo sobre la mesa del Consejo de Ministros el informe del IMSERSO e inmediatamente veo a Solbes echando cuentas sobre la marcha y moviendo dubitativo la cabeza: no era esto, no era esto. Y la verdad es que no lo era. El gran problema de la Ley de Dependencia es que es, será, muy cara y yo no sé si el Gobierno sabe cómo la va a financiar. El primer resultado de esa carestía lo hemos visto ya: la anunciada puesta en marcha de la Ley que en ningún caso será inmediata sino en varios tramos y culminará, como mucho, a medio plazo.

El segundo aspecto que es necesario reseñar –esta Ley daría para un ensayo más que para un articulo- es el silencio del ministerio de Sanidad al que parece no afectar ni los sujetos ni el articulado. El problema de los dos grandes colectivos de dependientes –los mayores y los llamados «grandes dependientes»- o se contemplan desde una óptica socio-sanitaria o no se contemplan. Pero Sanidad parece pasar de puntillas en esta Ley sin mojarse ni mancharse.

Y por último apuntar que, como en todas las grandes leyes, la resolución real de los problemas se deja abierta al desarrollo de la misma. Demasiado campo por arar –decía antes- para pronunciarse a favor o en contra no de la Ley, de su espíritu, en cuya necesidad creo que coincidimos todos, sino en cómo, cuándo, por quién y con cuánto se podrá poner en marcha. Este conjunto normativo, pese a los avances, sigue siendo para muchos a día de hoy una hermosa y necesaria declaración de buenas intenciones.

                                                                                                                                              A. Aberasturi