DEBATE ACTUARIAL

Para terminar este marco en el que han de considerarse circunscritos nuestros comentarios, deseamos manifestar que en el Instituto de Actuarios Españoles entendiendo que todo ahorro a largo plazo, bajo sus distintas formas, supone una evidente ayuda en apoyo de previsión futura, consideramos que el eje fundamental en torno al cual ha de articularse la previsión social complementaria viene proporcionado por los compromisos de prestación definida (o al menos de prestaciones garantizadas). Hacer girar de forma exclusiva sobre los individuos o partícipes la cobertura total de los riesgos financieros, y especialmente el derivado de la alta volatilidad de los mercados, nos conduciría a sistemas altamente inestables (como está ocurriendo ya hoy en algunos países de Latino América) que además pueden acrecentar las situaciones de crisis económica que pudieran presentarse en el futuro (en los aludidos países los empleados, una vez cumplida la edad de jubilación no se retiran dada la fuerte caída de valor de sus planes de pensiones, y prefieren esperara a una mejor coyuntura general, lo que agrava la situación económica de sus empresas). En este ámbito de las prestaciones definidas, y las garantizadas, surgen conceptos financieros fundamentales tales como el casamiento (o Matching) de las inversiones con los compromisos, lo que proporciona una mayor eficiencia financiera que otras fórmulas, reduciéndose los costes de la previsión social de manera significativa.

En el siguiente apartado les trasladamos nuestros comentarios concretos sobre el texto del último borrador recibido.

Artículo 1: Se echa en falta en este artículo una referencia explícita a las Entidades de Previsión Social (o Mutualidades) como caso particular de la figura del seguro como instrumento de externalización de los compromisos por pensiones. En efecto, este papel se sobreentiende (y de hecho se menciona explícitamente en otros lugares del texto) puesto que desde 1984 las Entidades de Previsión Social pasaron a adoptar la forma de entidades aseguradoras y las relaciones que vinculan a sus socios con cada Entidad se regulan por las mismas normas que los contratos de seguros. No obstante, dada la peculiaridad terminológica que todavía guardan algunos de los elementos que configuran la operativa de estas aseguradoras, creemos que es conveniente realizar en este primer artículo una mención explícita a las Entidades de Previsión Social y sus respectivos Reglamentos de Prestaciones para despejar cualquier duda que pudiera presentarse en el futuro por quien no estuviera familiarizado con estas figuras.

Artículo 2: Nos sumamos a aquellos que estiman que, dadas las fechas en que nos encontramos, debería establecerse algún tipo de aplazamiento de la fecha tope del 10 de mayo de 1999.

Artículo 3: En el último párrafo se utiliza la expresión «tal financiación no podrá mantenerse», lo que introduce cierta ambigüedad respecto de qué parte de la «financiación» ¿toda o sólo la parte del empleado?

Artículo 15  1  b): La renuncia del partícipe a cualquier cuantía individualizada debe llevar aparejada una renuncia al equivalente actuarial en la prestación. Creemos que este aspecto debe figurar explícitamente.

Artículo 19  2  d): En el tercer párrafo es incorrecto desde un punto de vista técnico decir que «La aplicación de este método implicará que el coste asignado a cada año no podrá ser inferior al del año precedente». En efecto durante cada año se producen desviaciones entre la evolución real de las variables y las hipótesis aplicadas en la valoración actuarial del año precedente. Estas desviaciones pueden producir efectos de disminución de costes (especialmente si las hipótesis empleadas el año precedente fueron conservadoras). El dejar esta frase en el texto puede inducir a confusiones jurídicas en el funcionamiento futuro de los Planes de Pensiones.

Artículo 28  2  Rescate de las pólizas: Los seguros se basan, tanto para la fijación de su precio como en la determinación de las provisiones y los valores de rescate, en la combinación de las probabilidades que resultan de la modelización de los fenómenos aleatorios cubiertos con los resultados financieros esperados de las inversiones (incluyen en ambos elementos los márgenes de seguridad adecuados).  Para que los cálculos actuariales se cumplan con un grado de confianza satisfactorio (o lo que es igual, para que la aseguradora pueda cumplir sus compromisos con un margen de solvencia suficiente) es necesario prevenir el que se puedan presentar actitudes por parte de los tomadores, o de los asegurados, que alteren el entorno aleatorio en el que se fundamenta la operación de seguro, tratando de aprovecharse injustamente de situaciones concretas que pueden sobrevenir.  Las consecuencias de dichas actitudes distorsionantes se suelen englobar bajo el término técnico «antiselección».  Los contratos de seguros han de contener cláusulas que puedan prevenir esta «antiselección»  pues sino podrían sobrevenir actitudes con consecuencias negativas no sólo para la aseguradora sino que, en casos extremos, para todo el resto de asegurados de buena fe.  Por esta misma razón, en los seguros de riesgo de adhesión voluntaria aparecen los requisitos de selección médica, o la imposición de períodos de carencia.

En los seguros de capitales y de rentas diferidas, la «antiselección» se puede producir no tanto en la emisión de las pólizas sino que a la hora del rescate, si éste se llega a producir en momentos específicos de los mercados financieros (por ejemplo en las fases alcistas de tipos de interés).

Desde el momento en que una póliza establece unos valores de rescate concretos según los años transcurridos y primas satisfechas entendemos que dichos valores (llamados tradicionalmente valores «garantizados») forman parte del cuadro de prestaciones garantizadas por la aseguradora, y por lo tanto han de ser respetados. No obstante, como protección contra los fenómenos de antiselección mencionados, entendemos no solamente lícito, sino necesario, que la aseguradora establezca ciertas restricciones a la disponibilidad (estableciendo períodos de demora para hacer efectivo el rescate) o penalizaciones (bajo forma de descuentos sobre la provisión matemática teórica), si bien es también imprescindible que dichas condiciones queden clara y explícitamente definidas a la hora de contratar los seguros (tanto las circunstancias que permitirán aplicar dichas medidas como la extensión de éstas).

Con el fin de salvar actitudes especulativas por parte de los tomadores, en el caso de subidas bruscas de las rentabilidades obtenibles en los mercados financieros, entendemos por tanto que es necesario facultar a las aseguradoras para que puedan establecer ciertas restricciones  (principalmente a través de la facultad de establecer períodos de espera, desde varios meses hasta un año, retribuidos al tipo de interés garantizado) en la movilización de dichos derechos de rescate, e igualmente establecer penalizaciones que puedan contrarrestar las posibles intenciones especulativas de los tomadores.

Por último, es también necesario notar que en aquellas operaciones que se estructuren bajo la técnica de casamiento de las inversiones con el flujo esperado de pagos, el valor de rescate que como máximo podría establecerse en cada momento sería el valor de mercado de los activos en que dicha operación se haya soportado.

Artículo 28  2  Casamiento de inversiones y compromisos: Consideramos que es absolutamente necesario el contar con instrumentos de aseguramiento de pensiones (mediante contratos de seguros y a través de las Entidades de Previsión Social) que posibiliten, mediante el tratamiento actuarial adecuado y teniendo en cuenta los márgenes de solvencia pertinentes, estructurar una cartera de inversión de forma que la liquidez que ésta vaya generando coincida con el flujo objetivo de prestaciones convenientemente estimado. Esta técnica se denomina «matching» de las inversiones y se encuadra en el ámbito más general del ALM (Asset/Liability Management) pilar fundamental de las actuales técnicas aseguradoras en el ramo de vida y pensiones.

En la redacción de la versión anterior del borrador se vislumbraba dicha capacidad contractual por parte de las aseguradoras, si bien en el Borrador definitivo se ha suprimido. Creemos que es de suma importancia el restablecer el condicionado anterior.

De lo contrario, y teniendo en cuenta la estructuración del mercado de seguros en el Espacio Económico Europeo, se daría la circunstancia que las aseguradoras españolas podrían aplicar estas técnicas para asegurar pensiones en nuestros países vecinos (como Portugal y Francia) pero no en su propio mercado. Por otro lado es muy posible que, a partir de un determinado momento, las aseguradoras extranjeras podrían ofrecer estos modos de aseguramiento en nuestro país, dejando fuera del mercado a nuestras propias aseguradoras.

Dicha exclusión no tiene justificación técnica actuarial alguna, al menos para las fórmulas de seguro, ya que en el caso de los Fondos de Pensiones podrían surgir dificultades, al no permitir la Ley que los regula la constitución de subfondos dentro de un Fondo. A medio plazo creemos que habría de buscarse la forma de que estas técnicas puedan ser aplicadas por todas las instituciones. En cualquier caso reiteramos nuestra opinión de que, dado que tanto técnica como legalmente estas operaciones de seguros son posibles hoy en nuestro mercado, no se deben excluir de la operativa aplicable a la instrumentación de los compromisos por pensiones.

En el caso de estas operaciones el valor de rescate debe girar en torno al valor de los títulos casados con los pagos esperados.

Disposición Adicional 1ª  tres: No se entiende el porqué se restringe a planes de aportación definida. Esta limitación no se corresponde con la práctica exitosa de otros países como Holanda, Dinamarca, Suecia o Finlandia. Debería al menos de permitirse también la opción de prestación garantizada (es decir que cada cuota satisfecha sirva para comprar una fracción de la pensión final, tal como se hace usualmente con los seguros).

Disposición Adicional 2ª  cuatro  punto 2: Encontramos acertada la introducción de un límite adicional en las aportaciones anuales máximas para las personas de edad cercana a la jubilación.  No obstante, desde un punto de vista actuarial los importes considerados son insuficientes ya que a medida que nos acercamos a la fecha del retiro los costes de financiar la pensión futura no crece linealmente sino exponencialmente.

En cualquier caso entendemos que no se debería de introducir la aplicación del límite de una manera discriminatoria, sino que esta opción debería estar abierta a todos los sistemas de previsión social y no exclusivamente a los planes de pensiones de empleo de prestación definida.

Disposición Adicional 2ª  seis  Art. 16 bis)  punto 5: Este punto debería suprimirse íntegramente. Su mantenimiento introduce un factor absoluto de antiselección que haría imposible la cobertura de rentas vitalicias al permitir anticipar los cobros ante cualquier síntoma de enfermedad. Lo establecido en este párrafo puede parecer a primera vista muy comprensible y natural por parte de quien no entienda que recibir una garantía de cobro vitalicio de una pensión es adquirir un seguro (como por ejemplo una póliza de incendios). En ese entorno permitir la anticipación de vencimientos es equivalente a asignar el derecho a la devolución de la prima de incendios a todo al que no se le haya quemado la casa al vencimiento del seguro.

Con el mantenimiento de esta condición se estaría obligando a que el cobro de las prestaciones se pueda realizar sólo aplicando fórmulas financieras puras. Al margen de que dichos cálculos otorgan prestaciones menores, lo más importante es que se eliminaría la posibilidad de cobro bajo forma de renta vitalicia.

Disposición Adicional 2ª  uno: Entendemos excesivamente restrictivo el limitar los métodos de determinación de aportaciones en los casos de prestación definida a la capitalización individual. Este precepto excluye la posibilidad de aplicación de métodos agregados, siendo éstos de uso frecuente en otros países como el Reino Unido y Holanda.

En cualquier caso, dentro de los métodos de capitalización individual habrá que distinguir qué agrupamientos se pueden realizar como elemento de tarificación individual (edades?, Sexo?, fumador/no fumador?, distinción de oficio o profesión, selección médica,  ¼) y cuáles pasan a ser considerados como constitutivos de una capitalización colectiva.

Tipo de interés: La fijación de los tipos de interés máximos que se realiza en el Art. 32 y en la Disp. Adicional 3ª requeriría ciertas precisiones.

En primer lugar entendemos que se refiere a la tasa de descuento a aplicar para la determinación de las provisiones técnicas, en línea con lo establecido en la tercera Directiva de Vida.

En segundo lugar este límite no debería ser aplicable a aquellas operaciones cuya inversión, previa o simultáneamente realizada, esté casada con la curva de pagos previstos (actuarialmente determinados con un margen de seguridad adecuado).